El debate sobre los trabajadores transfronterizos corre el riesgo, una vez más, de degenerar en un juego de concesiones mutuas impulsivo y miope. Ya sea el embajador francés, que plantea la cofinanciación de las guarderías francesas por parte de Luxemburgo, o los planes belgas de introducir una viñeta para turismos que afectaría sobre todo a los trabajadores transfronterizos: en los países vecinos predominan las quejas por los supuestos ingresos fiscales «perdidos». Y en Luxemburgo comienza la habitual lucha por dar una respuesta política que, ante todo, satisfaga a los vecinos.

Sin embargo, ya es hora de hacer frente a estas exigencias con mensajes claros y una visión objetiva de la interdependencia económica real.

Y es que el mercado laboral transfronterizo no es una vía de sentido único. Sin el mercado laboral luxemburgués, regiones como Lorena o la provincia belga de Luxemburgo se enfrentarían a graves problemas económicos y de política laboral. Al mismo tiempo, en el debate apenas se tiene en cuenta un aspecto económico fundamental: los beneficios a largo plazo derivados del sistema de pensiones luxemburgués.

Ya hoy en día, más de la mitad de las pensiones luxemburguesas se transfieren al extranjero. En 2024, solo a Francia se destinaron más de 42 000 pensiones y a Bélgica, más de 22 000.

Con la jubilación de aquella generación que ha contribuido durante décadas al fuerte crecimiento del trabajo transfronterizo, estos derechos de pensión volverán cada vez más a las regiones vecinas. Una parte cada vez mayor de las pensiones adquiridas en Luxemburgo se traduce allí en ingresos y refuerza el poder adquisitivo, el consumo y, de forma indirecta, también los ingresos públicos.

Esto no es un regalo de Luxemburgo, sino el contravalor de los derechos de la Seguridad Social adquiridos. Precisamente por eso, esta dimensión debe tenerse en cuenta en cualquier balance del empleo transfronterizo. Quien solo considere los costes para Luxemburgo se queda corto.

Nadie niega que los trabajadores transfronterizos contribuyen de manera importante a la fortaleza económica de Luxemburgo y que son indispensables en muchos ámbitos. Sin embargo, el modelo se topa cada vez más con límites estructurales: en el transporte, en la vivienda, en el uso del suelo y en la cuestión de dónde se crearán los puestos de trabajo en el futuro.

En lugar de desarrollar un modelo sostenible para la Gran Región, los responsables políticos siguen reaccionando con medidas aisladas: unos cientos de millones para la infraestructura ferroviaria francesa por aquí, pagos compensatorios adicionales por allá. Esto puede aliviar las tensiones a corto plazo, pero no constituye una estrategia a largo plazo.

Resulta cínico que sean precisamente los diputados del DP quienes critiquen ahora esto en una carta abierta dirigida al Gobierno belga. Al fin y al cabo, el partido asumió durante muchos años la responsabilidad gubernamental de las relaciones con la Gran Región. Quien hoy exija un mayor pensamiento estratégico debe también responder a la pregunta de por qué no se impulsaron antes y de forma más consecuente los conceptos correspondientes.

Quien quiera garantizar la interrelación entre la vivienda, la movilidad, el trabajo transfronterizo y la estabilidad de los sistemas sociales debe salir de este modo reactivo de gestión de crisis.

Por ello exigimos:

• Que se ponga fin a una política de exigencias de compensación cada vez nuevas. Las interrelaciones financieras de la Gran Región deben considerarse de manera integral, incluyendo los crecientes pagos de pensiones a personas que han adquirido sus derechos en Luxemburgo y viven en el extranjero.
• Las zonas económicas y de actividad conjuntas cercanas a la frontera deben convertirse por fin en una realidad. Los puestos de trabajo deben situarse más cerca de los lugares de residencia de los trabajadores transfronterizos. Esto reduce los desplazamientos diarios, alivia la presión sobre Luxemburgo y, al mismo tiempo, refuerza el desarrollo económico de las regiones vecinas.
• La política en Luxemburgo debe, por fin, pensar y actuar con una visión a más largo plazo. Es precisamente aquí donde entra en juego la reivindicación, formulada en repetidas ocasiones por el partido Fokus, de crear una comisión para el futuro siguiendo el modelo finlandés. Se necesita un órgano institucionalizado que analice la evolución demográfica, las infraestructuras, el mercado laboral y los sistemas sociales con una perspectiva de 20 años y más allá, al margen de las disputas políticas cotidianas y de las disputas ficticias relacionadas con las campañas electorales.

La Gran Región no necesita una política en la que cada nueva carga para Luxemburgo se responda con una nueva exigencia de compensación. Necesita un enfoque común que tenga en cuenta los intereses de todas las partes implicadas.

Ya es hora de que los responsables políticos de ambos lados de la frontera dejen de gestionar los retos del siglo XXI con mentalidades propias del siglo XIX.

Luxemburgo, 31 de agosto de 2026

Contacto de prensa: Marc Ruppert (marc.ruppert@fokus.lu)